Ya echaba yo de menos un post como este de Enrique Dans en el que primero parte de una premisa falsa (que se cerrarán webs a diestro y siniestro por capricho del gobierno) para poner el grito en el cielo, intentando “movilizar” a la Internet patria (como si eso fuera posible) organizando protestas en Facebook, twitter y blogs, para finalmente dar paso a patéticos comentarios por parte de sus incondicionales followers, que en su mayoría parecen tener la edad mental de su ídolo (alrededor de unos 12 años). Todo ello en una entrada, que parece redactada por un autor de bestsellers infantiles americano. Es triste y patético a la vez que se produzcan comentarios como este en el blog de Donen Rike:

Como dice Enrique y algún compañero más, hay que pasar a la acción; dejar de comentar en blogs y en los bares y organizar una movilización a la que asistamos todos por una vez, para que se vea cuántos somos y “el poder” que podemos llegar a tener, “poder e influencia”.

Pero quiero plantear un punto más: vamos a ponernos en el peor de los casos; que lo aprueben por las bravas. Qué dirían las operadoras si un par de millones de usuarios nos damos de baja del acceso a internet??

Algunos comentaristas no parecen haberse enterado todavía de en qué país vivimos: en uno en el que la gente sale a manifestarse a las calles cuando su equipo de fútbol baja a segunda, uno en el que el diario más vendido es el “Marca”, uno en el que Belen Esteban tiene audiencias (y sueldos) millonarios. Porque tal vez, incluso sería bonito ver movilizarse en las calles a varios frikis liderados por un vendedor de humo ególatra. Tal vez sería bonito, porque al menos lucharían por lo que creen. O tal vez no lo fuera tanto, porque eso significaría que la gente se deja influenciar y manipular por el primer cantamañanas que aparece en escena. En cualquier caso, eso no pasará. O si pasa, solo tendrá “relevancia” y “visibilidad” para tres o cuatro gatos como Dans, Alonso y compañía. Esto es España, para lo bueno y para lo malo.

Anuncios

manipulando¿Recordáis aquel culebrón periodístico de las pasadas vacaciones de Semana Santa, cuando en todos los periódicos y telediarios nos asaltaron con aquello de “la primera condena en España por descargas P2P“, de cuya evidente falsedad y manipulación ya hablamos en su momento? Efectivamente, ni era un tema de actualidad (había ocurrido hacía cinco meses cuando se dio la noticia), ni era una condena como tal, sino un caso de amenazas y matonismo judicial (tú te declaras culpable de algo que ni siquiera es delito, y nosotros no proseguimos por la vía civil), pero gracias a la desinformación y a la deliberada confusión de términos consiguió que media España, sobre todo la más desinformada, pensase por un momento que descargar algo de Internet era un delito execrable.

Pues bien, ahora comparemos: hace una semana, el Juzgado de lo Penal 4 de Pamplona absolvió a Javier M.B. del delito contra la propiedad intelectual del que fue acusado por haberse descargado de Internet 3.322 películas y un número indeterminado de piezas musicales: al no haber ánimo de lucro, simplemente no hay delito. La semana pasada, el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid ha sobreseído y archivado el caso contra CVCDGO, una página de enlaces, aquella con la que nada menos que en Agosto de 2005 (de nuevo, aprovechando la escasez noticiosa de las vacaciones) se dedicaron a castigarnos mediáticamente con imágenes de terroríficas redadas y afirmando que los responsables de la página web en cuestión eran culpables hasta de la caída del imperio romano (impresionante la nota de la policía). Pues mira, va a ser que no. Era, simplemente y como en tantas otras ocasiones, una interesada manipulación informativa. Ni redada, ni delitos, ni temibles delincuentes, ni nada de nada. Pura, simple y torticera manipulación. ¿Dónde están ahora los titulares mediáticos haciéndose eco de estas absoluciones? ¿Dónde las declaraciones de los implicados, de los abogados, de los expertos, las conclusiones reales del tema? ¿Dónde están ahora los medios? ¿Telediarios? ¿Prensa? ¿Alguien?

¿Conclusión? El ordenamiento jurídico español es claro al respecto, y a pesar de las fortísimas presiones de los lobbies de la propiedad intelectual para cambiarlo, no existe delito en el intercambio sin ánimo de lucro de obras a través de la red. Como no existe delito en grabar una película de la tele en tu vídeo doméstico. Que no, que no se puede pretender criminalizar una conducta común en toda la población, ni difundir el bulo de que “en España es mucho peor”, ni intentar parar lo que es completa y absolutamente imparable porque es fruto de la evolución de la tecnología. La conclusión es clara: de estos temas, no te creas NADA de lo que veas en los medios: entre lo que cuentan mal y lo que dejan de contar, la imagen que obtendrías estaría alejadísima de la realidad.

intoxicacion¿Cómo lograr que una enorme y obvia mentira sea asumida por toda una sociedad? En una conversación razonable y civilizada, nadie en su sano juicio es capaz de sostener que el actual planteamiento de los derechos de autor sea sostenible en plena era digital, o que una industria organizada en torno al concepto del número de copias no tenga que redefinirse en una época en la que las copias carecen de valor añadido porque pueden ser realizadas por absolutamente cualquiera. Sin embargo, cuando pulsamos la opinión de determinados segmentos de la sociedad, todavía encontramos personas que se sienten “obligados a colaborar” en el sostenimiento de un modelo de negocio inviable, o que sienten que de alguna manera “hacen algo malo” cuando descargan algo de la red, a pesar de que el ordenamiento jurídico español insiste de manera clara en que no es así. ¿En qué pilares se asienta lo que podríamos calificar como una de las más formidables operaciones de intoxicación informativa de nuestra época?

En primer lugar, en un habilísimo uso de los medios de comunicación. Las noticias que hablan de los derechos de autor, que hacen referencia a la “piratería”, a las supuestas “condenas” a usuarios o empresas, o que interesada y torticeramente mezclan delitos reales con descargas de materiales de la red perfectamente legales y sin ánimo de lucro mantienen una cadencia constante y machacona, y son enviadas a los medios a través de una amplia variedad de canales. Si pasa un cierto tiempo sin noticias al respecto, se utilizan sucesos anteriores (incluso con más de cinco meses de antigüedad), o directamente se genera una, como sucede con los supuestos “estudios sobre el impacto de la piratería” que periódicamente son enviados a los medios. La idea es generar un clima constante que vaya calando en la mente del ciudadano que lee un periódico o ve un telediario, y que cada muy poco tiempo recibe un bombardeo con un tono siempre manipulado en la misma dirección.

En segundo lugar, y mucho más en “modo siembra”, las actuaciones en los colegios: auténticas campañas de adoctrinamiento similares a aquella “formación del espíritu nacional”, que pretenden incidir sobre los más jóvenes machacando de manera insistente los conceptos de propiedad intelectual. Un invitado de una sociedad de gestión, a veces acompañado por algún personaje conocido del mundo del espectáculo o la canción, acude al colegio, es presentado por el profesor y, aprovechando la natural candidez infantil, desarrolla paralelismos incidiendo en todas las falacias habituales: comparación de propiedad intelectual y propiedad física, vinculación de la creación cultural con la industria dedicada a la explotación de sus derechos, planteamientos apocalípticos de “se acabará la cultura”… conceptos que no aguantarían ni cinco minutos de discusión son utilizados para deformar mentes infantiles, que tras la sesión “formativa”, o mejor, “deformativa”, acaban representando felizmente una obra de teatro.

En tercero, la mismísima judicatura: a través de cursillos de verano y seminarios diversos, los jueces reciben “instrucción” de supuestos “expertos en propiedad intelectual” con la excusa de que el rápido avance tecnológico hace precisa la actualización de sus conocimientos, para que puedan estar preparados ante las nuevas formas de delincuencia. No es preciso mencionar que absolutamente todos los ponentes de ese tipo de seminarios sostienen las mismas tesis, y tampoco es preciso explicar cuáles son éstas. En una ocasión, fui invitado por un Vocal del Consejo General del Poder Judicial y lector del blog tristemente fallecido muy poco tiempo después, a impartir una jornada en la Escuela Judicial de Verano sobre “Incidencia de las Nuevas Tecnologías en la Justicia”, específicamente dedicada a los temas relacionados con la propiedad intelectual: yo era el único de todas las jornadas con una visión abiertamente contraria a la de las sociedades de gestión de derechos de autor. Huelga decir que la experiencia no volvió a repetirse, y me consta por el feedback recibido que no fue debido a ningún tipo de insatisfacción de los asistentes. A lo largo de varios años impartiendo este tipo de cursos y seminarios, el número de jueces que han pasado por los mismos es muy elevado: en algunos países, se hace verdaderamente difícil conseguir un juez que no sea considerado abiertamente parcial en este tipo de temas.

El último punto, pero no por ello menos importante, es la labor de lobby sobre los diferentes estamentos políticos. Las sociedades de gestión de derechos y las asociaciones que representan a los intereses de la industria de los contenidos llevan a cabo un constante goteo de peticiones sobre los políticos, con los que desarrollan acciones que van desde el adoctrinamiento hasta la amenaza directa de “sacar a los famosos a la calle”. En algunos casos, estos lobbies tienen un nivel de influencia sobre el político de turno que llegan incluso a determinar la composición de comisiones o a introducir cláusulas o enmiendas en leyes que pasan directamente a la redacción final, saltándose los procedimientos parlamentarios.

¿Qué determina la evidente eficiencia de esta industria a la hora de influenciar su entorno? Fundamentalmente, su nivel de organización. Toda una infraestructura de recursos bien pagados puesta al servicio “de la causa”, de un conjunto de intereses de un grupo pequeño de empresas que, siendo sobre el papel competidores, han vivido muchísimos años en un mercado que no es tal mercado, en el que fijan precios y se reparten ingresos con total impunidad sin que ningún tipo de legislación les toque un pelo de la ropa. Viven literalmente al margen de unas leyes que retuercen y redefinen a su antojo. Al otro lado, una masa de personas que simplemente dedica a la defensa de sus intereses los llamados “ciclos ociosos“: su tiempo libre. En el típico juicio de la RIAA norteamericano se enfrenta normalmente unos abogados carísimos por el lado de la acusación, y uno con mucha menos experiencia, mal pagado o actuando pro-bono por el lado de la defensa, que como mucho en ocasiones cuenta con la asesoría de algún académico brillante o de algunas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF). Al final, la estrategia de intoxicación masiva se mantiene por una razón evidente: funciona. Y es capaz de prolongar, incluso, la mismísima sinrazón.

delacroix-eugene-la-liberte-guidant-le-peupleAyer se consumó el liberticidio: Francia ya no es un país democrático. Si vives en ese país, careces de derechos tan básicos como el secreto de las telecomunicaciones: el que te proporciona la conexión a la red, puede además curiosear en ella para asegurarse que la información a la que accedes esté permitida por el “Ministerio de la Verdad”, puede abrir tus cartas para ver si dices tacos. Y de ser así, puede condenarte al ostracismo digital, a penas de entre dos meses y un año de desconexión. Eso sí, mientras sigues pagando religiosamente una factura convertida en multa, que si no, las empresas de telecomunicaciones se le enfadaban por el descenso de los ingresos.

El ejercicio de ingeniería político-económica diseñado por Nicolas Sarkozy es tan sumamente alambicado, tan burdo y tan inútil, que provoca auténtico asco. Han tenido que amenazar, que conminar a sus propios parlamentarios para que acudiesen y votasen en el sentido de lo dictado por su partido, para que no se escondiesen tras los cortinones. Han tenido que ignorar la evidencia de un Parlamento Europeo que se opone a las mismas medidas que hoy Francia aprueba, por considerarlas una amenaza a las libertades más básicas de la persona. Ver a unos políticos que se supone deben servir al pueblo que los votó, haciendo el caldo gordo a las empresas de telecomunicaciones y de propiedad intelectual, para que éstas puedan intentar exhibir el recurso del miedo y evitar que los consumidores abandonen el edificio que se resquebraja, que se derrumba. Un recurso al miedo, al “a la tercera te corto la conexión”, que se transforma en advertencia de cura preconciliar, en el equivalente postmoderno de aquel “te vas a quedar ciego” o “te va a salir pelo en las palmas de la manos”, mientras el sistema hace aguas por los cuatro costados.

Lo más sencillo es lo más obvio: HADOPI irá primero a por lo gordo, a por el volumen, a por aquellos que, presas del coleccionismo, descargan a todas horas mucho más de lo que racionalmente pueden llegar a consumir. Algunos de esos sufrirán los primeros golpes, que serán aireados por los medios como si fuesen triunfos del sistema. En paralelo, irán popularizándose medios para evitar la vigilancia y la monitorización: sistemas de cifrado robustos, métodos para sustituir descargas por streaming directo desde ficheros .torrent, para moverse por VPNs y por los túneles subterráneos de nuestra ciudad digital sitiada… La red, como siempre, reacciona a todo bloqueo aislándolo, enquistándolo, convirtiéndolo en irrelevante, en patético y ridículo intento de oponerse al progreso, a lo inevitable.

HADOPI ha dejado de ser una amenaza, y ha pasado a ser un desafío. Veremos cuanto tarda en caer. Viva la Résistance!

Ley Hadopi

Ayer la Asamblea nacional francesa adoptó en segunda lectura la Ley Hadopi con 296 votos a favor y 233 en contra. La ley volverá al Senado, aunque si esta cámara funciona de manera similar a la española, lo más probable es que la ley salga adelante con más o menos enmiendas. Ante todo, me gustaría apuntar que la decisión de que sea un órgano administrativo y no estrictamente judicial el que controle la aplicación de la ley, me parece un tanto sorprendente. Ignoro si existen precedentes legales de algo parecido en nuestro país, pero mucho me temo que en España, al tratarse de un derecho constitucional, una medida parecida sería de difícil aplicación. En mi opinión yo creo que todo parece indicar que aquí se impondrá una medida a la francesa, pero con matices. El gobierno, después del nombramiento de González-Sinde, es probable que se dirija a un modelo en el que serán los ISP, y finalmente los usuarios, los que paguen el pato de las descargas ilegales; es decir, se hará abonar a los usuarios de las conexiones un cánon sobre la propia conexión. Esto sería una solución que contentaría al máximo de agentes sociales, y que por tanto me parece la más probable.
Sarkozy está decidido a proteger a la industria audiovisual y a los autores de sú país. ¿Qué haremos en España?

claqueta02Un razonamiento sumamente provocativo de ese hacker de la ley llamado Carlos Sánchez Almeida en una magistral charla en Palma de Mallorca y que he visto ya recogida en algunos foros de gran difusión como Bandaancha: ¿a quién pertenece el cine español?

La pregunta dista mucho de tener una respuesta obvia: según el Artículo 88 de la Ley de Propiedad Intelectual, los derechos de una obra audiovisual se presumen cedidos en exclusiva al productor. Pero ¿quién es el productor? En el mundo del cine y según la nomenclatura española, el Productor o empresario cinematográfico es la persona que, según el propio Diccionario de la RAE recoge en su acepción 3ª,

3. m. y f. Persona que con responsabilidad financiera y comercial organiza la realización de una obra cinematográfica, discográfica, televisiva, etc., y aporta el capital necesario.

Por tanto, dado que en el pintoresco caso del cine español, la mayor vía de financiación con gran diferencia son ni más ni menos que las subvenciones públicas – y por tanto el dinero de todos los ciudadanos recaudado por el Estado – el productor que financia las obras no es ni más ni menos que… el pueblo español. Que por tanto, y en virtud del mencionado Artículo 88, ostentaría la titularidad de los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública, así como los de doblaje o subtitulado de la obra, sin perjuicio de los que correspondan a los autores.

¿A dónde nos lleva el razonamiento? Pues lisa y llanamente, a que los propietarios de los derechos de esas películas financiadas mayoritariamente con dinero público somos ni más ni menos que los ciudadanos. Que por tanto, en ejeercdicio de nuestros derechos, podríamos por ejemplo determinar una modificación de la ley del Cine que vinculase la recepción de ayudas públicas con la obligatoria publicación de la obra mediante una licencia libre, que permitiese la reproducción de las mismas sin restricciones, con reconocimiento de la autoría, al objeto de lograr su máxima difusión. Por supuesto, esto no tendría porqué impedir la publicación de obras sometidas a copyright… siempre y cuando el que la publicase en tales condiciones renunciase a la percepción de todo tipo de subvenciones y desgravaciones fiscales.

Más allá del razonamiento legal, sin duda brillante, cabe pensar: ¿qué ocurriría con el cine español en caso de publicarse sujeto a licencias copyleft? A estas alturas, casi toda persona mínimamente inteligente sabe que la publicación de un material bajo una licencia copyleft no impide en modo alguno su aprovechamiento comercial, y que es más, bajo determinadas circunstancias, puede convertirse en un poderoso aliado del mismo. En el caso del cine español, una difusión potencialmente mayor podría, gestionada adecuadamente, suponer una mayor circulación, una mayor cuota de popularidad, e incluso un mercado potencialmente más amplio que explotar, sin óbice de que muchos de los espectadores en ese mercado más amplio pudiesen optar por una visualización de las obras en una sala de cine, en televisión o adquiriendo un DVD. A mercado mayor, potenciales ganancias también superiores, y objetivos del Ministerio de Cultura en cuanto a difusión y mercado igualmente cumplidos – al menos aquellos que teóricamente se le deberían suponer.

Patricia Conde

No entendemos a Patricia Conde. O a sus representantes, legales o de imagen. O a La Sexta. O a quien sea que haya tomado la iniciativa en el asunto que sigue. Quede claro, antes que nada, que no siento ni simpatía ni antipatía por ninguna de las partes implicadas, ni se trata aquí de ver quién tiene y quién no tiene razón.
En 11870.com una usuaria se dedicó a hacer un seguimiento de la ropa que Patricia Conde utilizaba durante su programa y las tiendas en las que la adquiría. Esto, como es lógico, se hizo de notar entre la comunidad de usuarios y de personas que gustan de la moda. Hasta el punto de que 11870 entrevistó a la usuaria en cuestión y se puso en contacto con la Conde para comentarle lo gracioso de la situación. Lógicamente, 11870 esperaba sacar tajada de esto, pero es algo totalmente legítimo, comprensible e incluso bueno, porque, aparentemente, nadie perdía. Pero en vez de Patricia, aparecieron sus abogados. Y los de 11870 se encontraron con una bonita instancia para que borren todo lo que ellos consideran una “intromisión ilegítima al derecho de la propia imagen”.
No lo entiendo. Como lo de la SGAE, ayer. No tiene sentido.
A Patricia Conde, una persona anónima y sin ánimo de lucro ni fama le hace publicidad gratuita y muy positiva (marcar estilo, tendencia, etc) a través de una plataforma igualmente gratuita y que cada vez tiene más usuarios entre, precisamente, el público objetivo del programa de Patricia Conde y de la TV en la que trabaja. Obviamente, Patricia Conde sale beneficiada, y también SLQH. 11870 también sale beneficiado porque esta iniciativa, que no le cuesta un clavo, se desarrolla en su seno atrayendo usuarios y, como original, dando publicidad positiva. Las tiendas y marcas de ropa salen muchísimo más beneficiadas que con el escurridizo cartelito que se puede ver al final de cada programa donde se consigna sus nombres. Aquí todos ganan, nadie pierde.
¿Por qué coño denunciar algo así?
¿Porque no está recibiendo ingresos directos de 11870 a costa de supuesto uso de derechos de imagen? Dejando de lado cuestiones legales, que no conozco lo suficiente, ¿en serio cree alguien que 11870 le iba a pagar? ¿No pensó quien quiera que sea el responsable de esta respuesta (dudo que Conde directamente) había otra forma de hablar las cosas, evitando un daño irreparable para la imagen del producto, en este caso la propia Patricia Conde?
¿Es que nadie va a pensar en la imagen y los beneficios indirectos que esto puede producir, antes que en los estúpidos derechos, por Dios bendito?

Actualización: gracias a un comentario en Menéame ya he caído en quién pierde en toda esta historia: El Corte Inglés. Con quien Patricia Conde desarrollaba una campaña de publicidad. Y digamos que no queda muy bien gritar a los cuatro vientos que no compra todo allí. Aún así, surrealista, todo.