human-rightsLa reciente respuesta del Tribunal Constitucional francés al intento de Nicolas Sarkozy de proteger el modelo de negocio de sus amigos a cambio de vulnerar los derechos fundamentales de todo el mundo está teniendo ya sus primeras consecuencias, y éstas no son nada con respecto a las que puede llegar a tener. La decisión del alto tribunal francés, pese a ser de ámbito exclusivamente aplicable en el país vecino, hace referencia ni más ni menos que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo de la Constitución Francesa, pero aceptada, como su nombre indica, de manera universal por todos los países supuestamente civilizados.

La primera decisión que en nuestro país se ha visto claramente influenciada por la negativa francesa a la ley HADOPI ha sido la tomada por Redtel, el consorcio formado por Telefonica, Vodafone, Ono y Orange, que ha afirmado que “no volverá a negociar con la industria cultural un plan anti descargas” y que también se niega a “aplicar medidas tecnológicas como la reducción de velocidad”. Una decisión que supone un vuelco importante para esa Coalición de Intermediarios Neoluditas que se creen Creadores, identificados ya con quienes están dispuestos a pasar por encima de los derechos humanos más básicos para defender su fuente de negocio, y para un Francisco Ros cada día más desacreditado como interlocutor por su patente parcialidad, supeditación a intereses corporativos, y desconexión total de la realidad de los usuarios de Internet: el mismo Francisco Ros que en su momento llegó nada menos que a amenazar con retirar una ley en medio de su tramitación si se introducían en ella provisiones para salvaguardar la neutralidad de la red, y que ahora intentaba abocar a la industria de los contenidos a una negociación con las operadoras en contra de los intereses de los usuarios. No, Señor Ros… los usuarios no somos el último de los intereses a salvaguardar. Somos – o cuando menos, deberíamos ser – el primero de todos ellos, porque se supone que somos quienes decidimos quién y con qué agenda se van a regir nuestros destinos. Hay que ver cómo son las cosas: un día se encuentra usted defendiendo a muerte el negocio de las operadoras como si fuesen éstas quienes siguiesen pagando su sueldo, otro día sostiene a ultranza el a todas luces insostenible modelo de negocio de la industria de los contenidos… y al tercero, de repente, está usted frontalmente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como si fuese un dictadorzuelo cualquiera en una triste república bananera. Las vueltas que da la vida…

El otro asunto que sin duda traerá mucha cola en el futuro es la constatación de que el libre acceso a los servicios públicos de comunicación en la red es un derecho fundamental expresado en la Declaración de los Derechos Humanos. Nada que el tiempo y  el imparable avance de la tecnología no nos fuese a traer – cada día, a medida que más y más servicios de todo tipo se despliegan en la red, resulta más obvio e inevitable que restringir el acceso de la población a la red resulta una discriminación insostenible – pero sin duda algo que viene muy bien tener puesto por escrito. Y algo que, además, tendrá gran influencia a la hora de definir lo que son servicios que deben ser ofrecidos de manera universal a la población, en un momento, el de la próxima disponibilidad de determinadas bandas del espectro radioeléctrico merced al apagón analógico, en que habrá que tomar decisiones sobre quién y de qué manera va a gestionar los servicios que ahí se ofrezcan.

No, no será éste el último intento por recortar nuestras libertades más básicas en Internet. Pero al menos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional francés, sabremos que quien lo intente, se estará poniendo en contra de la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que no está nada mal.

sarkozy-upsetEl Tribunal Constitucional francés censura la Ley HADOPI de Nicolas Sarkozy por considerarla contraria a los derechos humanos. Las crónicas en francés que más me han gustado han sido las de Le Monde y Le Figaro, y en español la he visto por el momento en Público, pero estará en seguida en todas partes.

Una demostración de sentido común por parte del país vecino, que relega a la ley a una función de aviso, pero le retira toda capacidad sancionadora: todo castigo deberá venir determinado, como debe ser, por la decisión de un juez. El Tribunal Constitucional del país vecino recurre a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, para hacer notar, como hemos insistido en numerosas ocasiones, que las libertades de expresión y comunicación deben prevalecer, dado su carácter de derechos fundamentales. Igualmente, declara anticonstitucional la reversión de la carga de la prueba con esa “presunción de culpabilidad” que la Ley HADOPI atribuía a los ciudadanos, con un rotundo “en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia” y, en algo que puede constituirse en un hito importantísimo, considera Internet “un derecho fundamental” y “un componente de la libertad de expresión y el consumo”.

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley HADOPI supone un fortísimo varapalo para Nicolas Sarkozy, completamente empecinado en sacarla adelante hasta el punto de vincularse personalmente a ello, y representa un fantástico triunfo para las libertades en todo el mundo. En muchos sentidos, acabamos de asistir a la conjura de un auténtico liberticidio.

Ley Hadopi

Ayer la Asamblea nacional francesa adoptó en segunda lectura la Ley Hadopi con 296 votos a favor y 233 en contra. La ley volverá al Senado, aunque si esta cámara funciona de manera similar a la española, lo más probable es que la ley salga adelante con más o menos enmiendas. Ante todo, me gustaría apuntar que la decisión de que sea un órgano administrativo y no estrictamente judicial el que controle la aplicación de la ley, me parece un tanto sorprendente. Ignoro si existen precedentes legales de algo parecido en nuestro país, pero mucho me temo que en España, al tratarse de un derecho constitucional, una medida parecida sería de difícil aplicación. En mi opinión yo creo que todo parece indicar que aquí se impondrá una medida a la francesa, pero con matices. El gobierno, después del nombramiento de González-Sinde, es probable que se dirija a un modelo en el que serán los ISP, y finalmente los usuarios, los que paguen el pato de las descargas ilegales; es decir, se hará abonar a los usuarios de las conexiones un cánon sobre la propia conexión. Esto sería una solución que contentaría al máximo de agentes sociales, y que por tanto me parece la más probable.
Sarkozy está decidido a proteger a la industria audiovisual y a los autores de sú país. ¿Qué haremos en España?

 

sarkozyResulta verdaderamente curioso analizar el parco comunicado del Elíseo en relación al rechazo en el Parlamento de la Ley Hadopi, conocida como “three strikes”, que amenaza con condenar al ostracismo digital a aquellos internautas que sean encontrados descargando materiales sujetos a derechos de autor y que, para más gracia, tendrían que seguir pagando religiosamente entre dos meses y un año la conexión que ya no disfrutan.

El presidente Sarkozy “reafirma su compromiso con los derechos de los creadores y su voluntad de ver aplicada lo más rápidamente posible la ley Creación e Internet”. Traduciendo: que el Parlamento la haya rechazado le trae completamente al fresco. ¿Democracia? ¿Qué es eso? ¿Que es un no en el Parlamento sino un pequeño contratiempo? ¿Qué más da la voluntad popular expresada en la Cámara, cuando se puede hacer trampa esperando a que haya únicamente dieciséis diputados de un total de quinientos setenta y siete para que salga el resultado deseado? Esta curiosa reinterpretación de la democracia, cada día más habitual en regímenes populistas, permite supuestamente a quien está en el poder hacer caso omiso de la voluntad expresada por el pueblo y sus representantes, mediante el recurso al agotamiento: la presentamos diez veces, y en alguna de ellas, coincidirá que la matemática parlamentaria hará que salga la bola blanca. Ninguna mención hace Nicolás Sarkozy al hecho de que algunos diputados de su propio grupo votaron en contra de la ley, o a la carta abierta publicada hoy en Libération por una larga lista de artistas en contra de la ley en cuestión. ¿Para qué? Resulta evidente nada más verlo que ante la megalómana mentalidad del presidente francés, todos los que no piensan como él, están completamente equivocados.

Continúa el presidente Sarkozy diciendo que “la ley es fruto de un acuerdo alcanzado entre artistas, productores y empresas de telecomunicación”… Curioso, ¿no? ¿No falta nadie en esa lista? ¿Desde cuando un acuerdo alcanzado entre tres grupos económicos debe ir a misa independientemente de la voluntad popular? ¿No debería tener en cuenta la opinión de los usuarios, de los ciudadanos, de los que se supone que con su voto han llevado – desgraciadamente – al señor Sarkozy a ser presidente de la República Francesa? Como en tiempos pretéritos, hemos llegado a la máxima del despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Pero el tercer párrafo tampoco tiene desperdicio: el presidente se refiere a la negativa parlamentaria como a “ridículas maniobras que tienen el único efecto de socavar la diversidad de la creación”. La elección de las palabras vuelven a dejar claro el “impresionante respeto” a la Cámara y a la democracia del presidente del país vecino, además de la incoherencia de pretender defender “la diversidad de la creación” consiguiendo que sean unos pocos, los mismos de siempre, los que puedan crear.

El intento de aplicar leyes producidas artificialmente hace cien años para proteger a la industria de los copistas a un entorno como el actual en el que el valor de una copia es igual a cero produce cada día incoherencias más sonadas. Mientras en España el partido en el gobierno, supuestamente de izquierdas, utiliza a los artistas con fines electorales y defiende después sus intereses llegando incluso a designar a una ministra escogida de entre sus filas más radicales, en Francia son precisamente los diputados de izquierdas los que se oponen a una ley impulsada por un gobierno de derechas. En realidad, todo da igual cuando se trata de defender un único concepto, en el que coinciden la industria y los políticos: el de CONTROL. Como de manera tan elocuente demuestra Nicolás Sarkozy en su parco comunicado, eso de la democracia es un concepto cada día menos importante…