Es muy curioso como Enrique Dans y toda la cansamusa que gira a su alrededor plantean las entradas en sus respectivos blogs. Más que una discusión (como ellos pretenden hacer ver) no es más que un monólogo en el que ni siquiera se le da entrada a los comentarios que ponen en evidencia la falsedad de muchas de sus teorías, y además es un monólogo cuya función es casi siempre adoctrinar, o “evangelizar” (como el mismo Julio Alonso admitió en una entrevista en FICOD). Pero todo ello, sin aportar ni un solo dato real a la “discusión”. Sus conversaciones por tanto, se mantienen en el terrero de la ideología, más que en el de los hechos y las realidades, aunque ellos intenten aparentar lo contrario, aportando “pruebas” que en la mayoría de los casos no son más que links a blogs de personas que no conocen ni en su casa a la hora de comer, y cuyos datos son imposibles de contrastar y de verificar, en la mayoría de los casos. Intentan aprovechar el efecto de cierto prestigio que tienen las pantallas, como la de “la caja tonta”: algunos todavía creen que lo que leen o ven en la suya, es verdad, por el simple hecho de que aparece delante de sus narices, de la misma manera que otros creen también que lo que se publica en los periódicos es verídico, por el simple hecho de ir en negro sobre blanco y haber salido de la imprenta.

Por eso es tan difícil encontrar en los blogs afines a su ideología datos contrastables, datos en bruto, cifras, para que al menos, el lector pueda conocerlas, investigar, y sacar sus propias conclusiones. Datos como estos, en los que podemos ver la debacle en ventas de la industria discográfica desde el año 2002:

Creo que el gráfico no deja lugar a dudas acerca de lo que está pasando. Caída brutal, desde la popularización de las descargas, hasta nuestros días. Para más información, los datos desglosados:

Se desmonta por tanto la teoría de Dans de que las descargas implican más publicidad y conocimiento de los artistas, que posteriormente se traducen en más ventas “tradicionales” o “monetizables”. Habría que preguntarle al señor Dans en qué datos se basa para realizar tal afirmación tan ricamente. Y por supuesto hace algo increíble (como ya nos decía el simple sentido común) esa absurda leyenda que algunos se empeñan en hacernos creer de que se compran lo que se descargan.

En definitiva, habría que pedir muchas explicaciones a los defensores del “todo gratis” para que nos contaran en que datos (incluso me conformaría con argumentos, siempre que no sean falaces) apoyan su ideología y sus teorías, porque yo, cuanto menos, no lo veo nada claro. Lástimas que los fanboys que los leen estén tan jodidos por los sistemas educativos actuales que ni siquiera se plantean lo que leen en sus pantallas. Así nos va.

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manipulando¿Recordáis aquel culebrón periodístico de las pasadas vacaciones de Semana Santa, cuando en todos los periódicos y telediarios nos asaltaron con aquello de “la primera condena en España por descargas P2P“, de cuya evidente falsedad y manipulación ya hablamos en su momento? Efectivamente, ni era un tema de actualidad (había ocurrido hacía cinco meses cuando se dio la noticia), ni era una condena como tal, sino un caso de amenazas y matonismo judicial (tú te declaras culpable de algo que ni siquiera es delito, y nosotros no proseguimos por la vía civil), pero gracias a la desinformación y a la deliberada confusión de términos consiguió que media España, sobre todo la más desinformada, pensase por un momento que descargar algo de Internet era un delito execrable.

Pues bien, ahora comparemos: hace una semana, el Juzgado de lo Penal 4 de Pamplona absolvió a Javier M.B. del delito contra la propiedad intelectual del que fue acusado por haberse descargado de Internet 3.322 películas y un número indeterminado de piezas musicales: al no haber ánimo de lucro, simplemente no hay delito. La semana pasada, el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid ha sobreseído y archivado el caso contra CVCDGO, una página de enlaces, aquella con la que nada menos que en Agosto de 2005 (de nuevo, aprovechando la escasez noticiosa de las vacaciones) se dedicaron a castigarnos mediáticamente con imágenes de terroríficas redadas y afirmando que los responsables de la página web en cuestión eran culpables hasta de la caída del imperio romano (impresionante la nota de la policía). Pues mira, va a ser que no. Era, simplemente y como en tantas otras ocasiones, una interesada manipulación informativa. Ni redada, ni delitos, ni temibles delincuentes, ni nada de nada. Pura, simple y torticera manipulación. ¿Dónde están ahora los titulares mediáticos haciéndose eco de estas absoluciones? ¿Dónde las declaraciones de los implicados, de los abogados, de los expertos, las conclusiones reales del tema? ¿Dónde están ahora los medios? ¿Telediarios? ¿Prensa? ¿Alguien?

¿Conclusión? El ordenamiento jurídico español es claro al respecto, y a pesar de las fortísimas presiones de los lobbies de la propiedad intelectual para cambiarlo, no existe delito en el intercambio sin ánimo de lucro de obras a través de la red. Como no existe delito en grabar una película de la tele en tu vídeo doméstico. Que no, que no se puede pretender criminalizar una conducta común en toda la población, ni difundir el bulo de que “en España es mucho peor”, ni intentar parar lo que es completa y absolutamente imparable porque es fruto de la evolución de la tecnología. La conclusión es clara: de estos temas, no te creas NADA de lo que veas en los medios: entre lo que cuentan mal y lo que dejan de contar, la imagen que obtendrías estaría alejadísima de la realidad.

intoxicacion¿Cómo lograr que una enorme y obvia mentira sea asumida por toda una sociedad? En una conversación razonable y civilizada, nadie en su sano juicio es capaz de sostener que el actual planteamiento de los derechos de autor sea sostenible en plena era digital, o que una industria organizada en torno al concepto del número de copias no tenga que redefinirse en una época en la que las copias carecen de valor añadido porque pueden ser realizadas por absolutamente cualquiera. Sin embargo, cuando pulsamos la opinión de determinados segmentos de la sociedad, todavía encontramos personas que se sienten “obligados a colaborar” en el sostenimiento de un modelo de negocio inviable, o que sienten que de alguna manera “hacen algo malo” cuando descargan algo de la red, a pesar de que el ordenamiento jurídico español insiste de manera clara en que no es así. ¿En qué pilares se asienta lo que podríamos calificar como una de las más formidables operaciones de intoxicación informativa de nuestra época?

En primer lugar, en un habilísimo uso de los medios de comunicación. Las noticias que hablan de los derechos de autor, que hacen referencia a la “piratería”, a las supuestas “condenas” a usuarios o empresas, o que interesada y torticeramente mezclan delitos reales con descargas de materiales de la red perfectamente legales y sin ánimo de lucro mantienen una cadencia constante y machacona, y son enviadas a los medios a través de una amplia variedad de canales. Si pasa un cierto tiempo sin noticias al respecto, se utilizan sucesos anteriores (incluso con más de cinco meses de antigüedad), o directamente se genera una, como sucede con los supuestos “estudios sobre el impacto de la piratería” que periódicamente son enviados a los medios. La idea es generar un clima constante que vaya calando en la mente del ciudadano que lee un periódico o ve un telediario, y que cada muy poco tiempo recibe un bombardeo con un tono siempre manipulado en la misma dirección.

En segundo lugar, y mucho más en “modo siembra”, las actuaciones en los colegios: auténticas campañas de adoctrinamiento similares a aquella “formación del espíritu nacional”, que pretenden incidir sobre los más jóvenes machacando de manera insistente los conceptos de propiedad intelectual. Un invitado de una sociedad de gestión, a veces acompañado por algún personaje conocido del mundo del espectáculo o la canción, acude al colegio, es presentado por el profesor y, aprovechando la natural candidez infantil, desarrolla paralelismos incidiendo en todas las falacias habituales: comparación de propiedad intelectual y propiedad física, vinculación de la creación cultural con la industria dedicada a la explotación de sus derechos, planteamientos apocalípticos de “se acabará la cultura”… conceptos que no aguantarían ni cinco minutos de discusión son utilizados para deformar mentes infantiles, que tras la sesión “formativa”, o mejor, “deformativa”, acaban representando felizmente una obra de teatro.

En tercero, la mismísima judicatura: a través de cursillos de verano y seminarios diversos, los jueces reciben “instrucción” de supuestos “expertos en propiedad intelectual” con la excusa de que el rápido avance tecnológico hace precisa la actualización de sus conocimientos, para que puedan estar preparados ante las nuevas formas de delincuencia. No es preciso mencionar que absolutamente todos los ponentes de ese tipo de seminarios sostienen las mismas tesis, y tampoco es preciso explicar cuáles son éstas. En una ocasión, fui invitado por un Vocal del Consejo General del Poder Judicial y lector del blog tristemente fallecido muy poco tiempo después, a impartir una jornada en la Escuela Judicial de Verano sobre “Incidencia de las Nuevas Tecnologías en la Justicia”, específicamente dedicada a los temas relacionados con la propiedad intelectual: yo era el único de todas las jornadas con una visión abiertamente contraria a la de las sociedades de gestión de derechos de autor. Huelga decir que la experiencia no volvió a repetirse, y me consta por el feedback recibido que no fue debido a ningún tipo de insatisfacción de los asistentes. A lo largo de varios años impartiendo este tipo de cursos y seminarios, el número de jueces que han pasado por los mismos es muy elevado: en algunos países, se hace verdaderamente difícil conseguir un juez que no sea considerado abiertamente parcial en este tipo de temas.

El último punto, pero no por ello menos importante, es la labor de lobby sobre los diferentes estamentos políticos. Las sociedades de gestión de derechos y las asociaciones que representan a los intereses de la industria de los contenidos llevan a cabo un constante goteo de peticiones sobre los políticos, con los que desarrollan acciones que van desde el adoctrinamiento hasta la amenaza directa de “sacar a los famosos a la calle”. En algunos casos, estos lobbies tienen un nivel de influencia sobre el político de turno que llegan incluso a determinar la composición de comisiones o a introducir cláusulas o enmiendas en leyes que pasan directamente a la redacción final, saltándose los procedimientos parlamentarios.

¿Qué determina la evidente eficiencia de esta industria a la hora de influenciar su entorno? Fundamentalmente, su nivel de organización. Toda una infraestructura de recursos bien pagados puesta al servicio “de la causa”, de un conjunto de intereses de un grupo pequeño de empresas que, siendo sobre el papel competidores, han vivido muchísimos años en un mercado que no es tal mercado, en el que fijan precios y se reparten ingresos con total impunidad sin que ningún tipo de legislación les toque un pelo de la ropa. Viven literalmente al margen de unas leyes que retuercen y redefinen a su antojo. Al otro lado, una masa de personas que simplemente dedica a la defensa de sus intereses los llamados “ciclos ociosos“: su tiempo libre. En el típico juicio de la RIAA norteamericano se enfrenta normalmente unos abogados carísimos por el lado de la acusación, y uno con mucha menos experiencia, mal pagado o actuando pro-bono por el lado de la defensa, que como mucho en ocasiones cuenta con la asesoría de algún académico brillante o de algunas organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF). Al final, la estrategia de intoxicación masiva se mantiene por una razón evidente: funciona. Y es capaz de prolongar, incluso, la mismísima sinrazón.

delacroix-eugene-la-liberte-guidant-le-peupleAyer se consumó el liberticidio: Francia ya no es un país democrático. Si vives en ese país, careces de derechos tan básicos como el secreto de las telecomunicaciones: el que te proporciona la conexión a la red, puede además curiosear en ella para asegurarse que la información a la que accedes esté permitida por el “Ministerio de la Verdad”, puede abrir tus cartas para ver si dices tacos. Y de ser así, puede condenarte al ostracismo digital, a penas de entre dos meses y un año de desconexión. Eso sí, mientras sigues pagando religiosamente una factura convertida en multa, que si no, las empresas de telecomunicaciones se le enfadaban por el descenso de los ingresos.

El ejercicio de ingeniería político-económica diseñado por Nicolas Sarkozy es tan sumamente alambicado, tan burdo y tan inútil, que provoca auténtico asco. Han tenido que amenazar, que conminar a sus propios parlamentarios para que acudiesen y votasen en el sentido de lo dictado por su partido, para que no se escondiesen tras los cortinones. Han tenido que ignorar la evidencia de un Parlamento Europeo que se opone a las mismas medidas que hoy Francia aprueba, por considerarlas una amenaza a las libertades más básicas de la persona. Ver a unos políticos que se supone deben servir al pueblo que los votó, haciendo el caldo gordo a las empresas de telecomunicaciones y de propiedad intelectual, para que éstas puedan intentar exhibir el recurso del miedo y evitar que los consumidores abandonen el edificio que se resquebraja, que se derrumba. Un recurso al miedo, al “a la tercera te corto la conexión”, que se transforma en advertencia de cura preconciliar, en el equivalente postmoderno de aquel “te vas a quedar ciego” o “te va a salir pelo en las palmas de la manos”, mientras el sistema hace aguas por los cuatro costados.

Lo más sencillo es lo más obvio: HADOPI irá primero a por lo gordo, a por el volumen, a por aquellos que, presas del coleccionismo, descargan a todas horas mucho más de lo que racionalmente pueden llegar a consumir. Algunos de esos sufrirán los primeros golpes, que serán aireados por los medios como si fuesen triunfos del sistema. En paralelo, irán popularizándose medios para evitar la vigilancia y la monitorización: sistemas de cifrado robustos, métodos para sustituir descargas por streaming directo desde ficheros .torrent, para moverse por VPNs y por los túneles subterráneos de nuestra ciudad digital sitiada… La red, como siempre, reacciona a todo bloqueo aislándolo, enquistándolo, convirtiéndolo en irrelevante, en patético y ridículo intento de oponerse al progreso, a lo inevitable.

HADOPI ha dejado de ser una amenaza, y ha pasado a ser un desafío. Veremos cuanto tarda en caer. Viva la Résistance!

Ley Hadopi

Ayer la Asamblea nacional francesa adoptó en segunda lectura la Ley Hadopi con 296 votos a favor y 233 en contra. La ley volverá al Senado, aunque si esta cámara funciona de manera similar a la española, lo más probable es que la ley salga adelante con más o menos enmiendas. Ante todo, me gustaría apuntar que la decisión de que sea un órgano administrativo y no estrictamente judicial el que controle la aplicación de la ley, me parece un tanto sorprendente. Ignoro si existen precedentes legales de algo parecido en nuestro país, pero mucho me temo que en España, al tratarse de un derecho constitucional, una medida parecida sería de difícil aplicación. En mi opinión yo creo que todo parece indicar que aquí se impondrá una medida a la francesa, pero con matices. El gobierno, después del nombramiento de González-Sinde, es probable que se dirija a un modelo en el que serán los ISP, y finalmente los usuarios, los que paguen el pato de las descargas ilegales; es decir, se hará abonar a los usuarios de las conexiones un cánon sobre la propia conexión. Esto sería una solución que contentaría al máximo de agentes sociales, y que por tanto me parece la más probable.
Sarkozy está decidido a proteger a la industria audiovisual y a los autores de sú país. ¿Qué haremos en España?

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Me gustaría reproducir aquí un debate que se produjo ya hace unos días en el blog del aspirante a Gurulollas del Año Julio Alonso. La discusión es de un nivel mucho más alto del que se suele ver por foros y blogs de Internet, en los que los que intervienen son claramente adolescentes con un nivel de formación que deja mucho que desear, como se deduce de sus errores gramaticales y ortográficos. Por eso creo que la conversación merece ser leida desde aquí. Porque los que le dan réplica al señor Alonso tienen un nivel intelectual claramente superior al de este gurulollitas.

La negrita cursiva, cortesía del usuario Nexus 2.0. 

El texto después del salto.

(más…)

Aparecen en la prensa de hoy algunos artículos (El PaísEl Mundo) al hilo del llamado “Informe 301“, un documento que la administración de los Estados Unidos publica todos los años acerca de las condiciones de protección de la propiedad intelectual en los países con los que lleva a cabo intercambios comerciales. Este año, la lista ha sido noticia por incorporar a uno de los más importantes socios comerciales de los Estados Unidos, su vecino del norte, Canadá, en la lista de máxima prioridad. Concretamente, los países incluidos en ese primer nivel de vigilancia o priority watch list son una docena: Argelia, Argentina, Canadá, Chile, China, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela. En un segundo nivel, o lower-level watch list,  se sitúan nada menos que treinta y tres países: Arabia Saudí, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Brunei, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, España, Filipinas, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Noruega, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Tajikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.

La publicación del informe es uno de los métodos utilizados por la administración norteamericana con el fin de hacer presión en su cruzada por lo que denominan “la protección de los intereses de la propiedad intelectual norteamericana en el mundo”: no hablamos ya de proteger la cultura, ni a los autores, ni ningún otro tipo de fin romántico. Hablamos de los intereses comerciales de los Estados Unidos y de la protección de una parte enormemente significativa de su balanza de exportaciones. La publicación de la lista, con claro carácter intimidatorio, se encuadra en los mismos términos que la próxima visita del vicepresidente Joe Biden a Europa, momento que determina la agenda del gobierno español para llevar a cabo gestos que contenten al “amigo americano”.

Nunca he sido antiamericano. Es un país en el que he vivido y estudiado, y que admiro en una amplia variedad de temas. De hecho, puedo entender perfectamente una actitud como la que muestran en términos de protección de la propiedad intelectual, porque no es ni más ni menos que una defensa de una industria estratégica en la que son claramente líderes mundiales. Pero en lugar de tomar una actitud servil o seguidista en este sentido, creo que es preciso tener un poco de orgullo nacional y de criterio propio. Primero, porque aunque cada país es muy dueño de presionar con lo que quiera, la presión que ejerce una lista como el Report 301 dista mucho de ser la que se está queriendo transmitir en los medios españoles: no es “una reprimenda”, ni una “lista negra”: de 203 países existentes en el mundo, esta es una lista que incluye a más del 20% de ellos, ni más ni menos que alrededor de la mitad de las personas del planeta. Y en la cual España no aparece en la “lista de máxima prioridad”, sino en un segundo grupo denominado como “de bajo nivel”. Pongamos las cosas en su sitio: ¿amenazas? ¿Sanciones comerciales? Cuando vea a Estados Unidos, en su situación de déficit actual de más de diez trillones de dólares, sancionar a Canadá, que está en la parte alta de la lista, o a China, con quien mantiene un importantísimo balance comercial, puede que empiece a creerme algún tipo de amenaza. Pero de entrada, figurar en el Report 301 me impresiona entre poco y nada. Que venga Joe Biden me impresiona menos todavía, y desde luego, no me provoca temblores de ningún tipo: no viene a España “alarmado por la piratería rampante”, sino como visita en el contexto de un amplio circuito europeo.

¿Es peligroso llevar la contraria a Estados Unidos en temas de propiedad intelectual? No solo no es peligroso, sino que empieza a ser hasta recomendable. En el fondo, todos sabemos y entendemos que la propiedad intelectual tal y como está definida no es ya un concepto sostenible: pretender establecer la métrica de las copias vendidas en un mundo en el que la copia carece de valor y puede hacerla cualquiera resulta simplemente absurdo. Lo que no resulta absurdo, en cambio, es que los Estados Unidos encabecen la defensa de un modelo en el que son líderes destacados. No defienden la cultura, defienden su negocio.

¿Qué hay que hacer? Promover una plataforma de países que planteen el revisionismo a la propiedad intelectual. Nadie, en ningún momento, ha planteado que los autores no deban cobrar por su trabajo: lo que se plantea es el uso de métricas absurdas y sin sentido. El Convenio de Berna debe ser replanteado completamente, porque se basa en supuestos que, simplemente, el progreso de la tecnología ha convertido en patéticamente obsoletos. Y como en toda revolución, el modelo que sustituya al anterior no ha sido inventado todavía. Si todos supiésemos cuál es, no sería una revolución.

Entendible es, por tanto, que los Estados Unidos intenten defender su chiringuito. Como entendible debería ser que países como España y muchos otros, en los que la propiedad intelectual mantiene una situación enormemente deficitaria en la balanza comercial con los Estados Unidos, empiecen a sostener al respecto una posición revisionista. Lo que muchos consideran cultura española, además de estar en muchos casos en manos de multinacionales extranjeras, se podría beneficiar enormemente de una postura mucho más abierta en cuanto a la propiedad intelectual: ojalá el problema de la cultura española viniese de la cantidad de veces que es descargada por ciudadanos de otros países. Pero no, el problema es otro, y es el que de verdad no se quiere atajar y el que nos lleva a tener de ministra de cultura nada menos que a quien tristemente tenemos.

Dejémonos de dramas, de reprimendas y de listas negras, y ataquemos el tema por donde se merece: el Report 301 está provocando un intenso malestar y fuertes reacciones en todo el mundo, y es el momento de lanzar iniciativas revisionistas que no se limiten simplemente a mirar al hermano americano y decirle eso de “sí, cariño”. La gran industria de los Estados Unidos está en crisis porque se ha quedado obsoleta, y eso quiere decir, ni más ni menos, que los Estados Unidos tienen un problema. Pero no, España, por mucho que nos guste creernos el ombligo del mundo cuando nos vemos en los periódicos, no ha provocado ese problema ni forma una parte significativa de él. Somos un minúsculo cliente al que quiere seguir vendiendo, sin más. Un cliente que debería tener más interés en revisar los conceptos de propiedad intelectual que en mantenerlos como están. Pongámonos en marcha: hay mucho trabajo que hacer.