ley-hadopi¿Qué pasa cuando se incumplen las más básicas reglas del sentido común? Pues que surgen absurdos monstruos, como en el sueño de la razón. Ed Felten, en su Freedom to Tinker, nos propone una imagen mental interesante con lo que sería la hipotética aplicación de las normas de “three strikes and out”recientemente aprobadas en Francia a un medio como el impreso:

A partir de la promulgación de la ley, el gobierno pondrá en marcha una lista de infractores acusados. Cualquiera puede enviar una denuncia a dicha lista, con la simple afirmación no probada ni juzgada de que un tercero está, en público o en privado, violando el copyright de cualquier cosa en un medio impreso. En el momento en que la lista reciba tres denuncias acerca de una misma persona, ésta tendrá completamente prohibido durante un año cualquier uso de un medio impresos. Por supuesto, como en el caso de Internet, la prohibición afecta a todo tipo de uso, tanto lectura como escritura, y a cualquier tipo de publicación, incluidas aquellas que puedas ser consideradas informales: una persona sancionada no podrá leer ni escribir absolutamente nada durante un año.

Las protestas con respecto a las posibles dificultades de aplicación de la norma, así como de la presunta arbitrariedad de recibir una penalización simplemente en base a acusaciones no probadas deben ser convenientemente ignoradas: después de todo, sin no son objeto de nuestra preocupación cuando nos referimos a Internet, ¿por qué lo iban a ser cuando hablamos del medio impreso?

Obviamente, la prohibición impedirá, por ejemplo, que los estudiantes no puedan acudir a clase ni hacer sus deberes, provocará algunos inconvenientes en la vida cotidiana de algunas personas, y hará que determinados alborotadores no puedan participar o seguir la vida política, pero eso servirá para que la próxima vez se piensen mejor sus actuaciones, para evitar ser de nuevo acusados de infracciones relacionadas con el copyright. Y ya que estamos, una vez que hayamos implantado este sistema a Internet y al medio impreso, proseguiremos extendiéndolo al sonido y a la imagen: provocará sanciones que podrían obligar a una persona a permanecer con oídos u ojos completamente tapados durante un año (privación sensorial, que le decían en Guantánamo), pero no cabe duda que hablamos de medios demasiado importantes como para que los dejemos sin protección. ¿Algún país candidato para aplicarlo el primero?

En muchos casos, recurrir a la extrapolación de las normas a un medio diferente resulta muy clarificador, y es un recurso que los profesores empleamos a menudo. En este caso, el razonamiento se convierte directamente en la demostración perfecta de una reducción al absurdo: todo infringe las más naturales leyes de la legalidad, la democracia, los derechos humanos o, simplemente, la lógica y el sentido común. Pero claro, teniendo copyright, todos esos conceptos son meramente secundarios…

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delacroix-eugene-la-liberte-guidant-le-peupleAyer se consumó el liberticidio: Francia ya no es un país democrático. Si vives en ese país, careces de derechos tan básicos como el secreto de las telecomunicaciones: el que te proporciona la conexión a la red, puede además curiosear en ella para asegurarse que la información a la que accedes esté permitida por el “Ministerio de la Verdad”, puede abrir tus cartas para ver si dices tacos. Y de ser así, puede condenarte al ostracismo digital, a penas de entre dos meses y un año de desconexión. Eso sí, mientras sigues pagando religiosamente una factura convertida en multa, que si no, las empresas de telecomunicaciones se le enfadaban por el descenso de los ingresos.

El ejercicio de ingeniería político-económica diseñado por Nicolas Sarkozy es tan sumamente alambicado, tan burdo y tan inútil, que provoca auténtico asco. Han tenido que amenazar, que conminar a sus propios parlamentarios para que acudiesen y votasen en el sentido de lo dictado por su partido, para que no se escondiesen tras los cortinones. Han tenido que ignorar la evidencia de un Parlamento Europeo que se opone a las mismas medidas que hoy Francia aprueba, por considerarlas una amenaza a las libertades más básicas de la persona. Ver a unos políticos que se supone deben servir al pueblo que los votó, haciendo el caldo gordo a las empresas de telecomunicaciones y de propiedad intelectual, para que éstas puedan intentar exhibir el recurso del miedo y evitar que los consumidores abandonen el edificio que se resquebraja, que se derrumba. Un recurso al miedo, al “a la tercera te corto la conexión”, que se transforma en advertencia de cura preconciliar, en el equivalente postmoderno de aquel “te vas a quedar ciego” o “te va a salir pelo en las palmas de la manos”, mientras el sistema hace aguas por los cuatro costados.

Lo más sencillo es lo más obvio: HADOPI irá primero a por lo gordo, a por el volumen, a por aquellos que, presas del coleccionismo, descargan a todas horas mucho más de lo que racionalmente pueden llegar a consumir. Algunos de esos sufrirán los primeros golpes, que serán aireados por los medios como si fuesen triunfos del sistema. En paralelo, irán popularizándose medios para evitar la vigilancia y la monitorización: sistemas de cifrado robustos, métodos para sustituir descargas por streaming directo desde ficheros .torrent, para moverse por VPNs y por los túneles subterráneos de nuestra ciudad digital sitiada… La red, como siempre, reacciona a todo bloqueo aislándolo, enquistándolo, convirtiéndolo en irrelevante, en patético y ridículo intento de oponerse al progreso, a lo inevitable.

HADOPI ha dejado de ser una amenaza, y ha pasado a ser un desafío. Veremos cuanto tarda en caer. Viva la Résistance!

Ley Hadopi

Ayer la Asamblea nacional francesa adoptó en segunda lectura la Ley Hadopi con 296 votos a favor y 233 en contra. La ley volverá al Senado, aunque si esta cámara funciona de manera similar a la española, lo más probable es que la ley salga adelante con más o menos enmiendas. Ante todo, me gustaría apuntar que la decisión de que sea un órgano administrativo y no estrictamente judicial el que controle la aplicación de la ley, me parece un tanto sorprendente. Ignoro si existen precedentes legales de algo parecido en nuestro país, pero mucho me temo que en España, al tratarse de un derecho constitucional, una medida parecida sería de difícil aplicación. En mi opinión yo creo que todo parece indicar que aquí se impondrá una medida a la francesa, pero con matices. El gobierno, después del nombramiento de González-Sinde, es probable que se dirija a un modelo en el que serán los ISP, y finalmente los usuarios, los que paguen el pato de las descargas ilegales; es decir, se hará abonar a los usuarios de las conexiones un cánon sobre la propia conexión. Esto sería una solución que contentaría al máximo de agentes sociales, y que por tanto me parece la más probable.
Sarkozy está decidido a proteger a la industria audiovisual y a los autores de sú país. ¿Qué haremos en España?