matias_pratsEs decididamente una batalla en la que los grupos de presión llevan una gran ventaja a la ciudadanía: la de la dialéctica. Apoyándose en un persistente y feroz aleccionamiento a medios y comunicadores, los lobbiesde la propiedad intelectual han conseguido que toda referencia que se haga a cualquier tema relacionado con sus intereses se haga constantemente usando los mismos términos. Enciende la televisión, hojea un periódico, escucha la radio y lo comprobarás: cada vez que aparece la palabra “descargas”, lo hace acompañado del calificativo “ilegales”. Cada vez que se refieren a alguien que descarga un contenido, sea el que sea, el adjetivo utilizado es “pirata”. Cada vez que se menciona el fenómeno del P2P, la palabra escogida es “piratería”. Así, insistentemente, de una manera tan obsesiva que se diría que les pagan por cada vez que uno de estos términos son mencionados en papel o en antena. Y como consecuencia de semejante gota a gota, se consigue que la percepción penetre en la sociedad, que se establezca como “lugar común”, y te puedes encontrar incluso a personas perfectamente cultas, conocedoras de la legislación y del funcionamiento de la red que, lentamente, van adoptando estos erróneos calificativos y los utilizan en sus conversaciones habituales. Fatal error. La batalla de la dialéctica es crucial en las percepciones, y no podemos transigir ni mínimamente en este sentido.

El problema fundamental de esta dialéctica es, pura y simplemente, que es falsa. El uso del adjetivo “ilegal” para referirse a las descargas de material de Internet es totalmente incorrecto, como bien demuestra el aluvión de sentencias de jueces españoles que han declarado que no existía delito alguno en tales actividades. Cada vez que escuchamos “descargas ilegales”, por tanto, nuestra reacción debería ser la de torcer el gesto y preguntar “¿a qué te refieres con eso?”, dado que está sobradamente probado que no existe nada de ilegal en descargarte de Internet lo que buenamente quieras.

El calificativo “piratas” merece una consideración aparte: por un lado, el movimiento revisionista de los derechos de autor utiliza la estética pirata, rodeada de un romanticismo y una épica particulares, para crear una conciencia de grupo, una identidad común. Se trata de una identificación obviamente ficticia e hiperbólica que ha llevado, por ejemplo, al Piratpartietsueco y a sus homólogos en otros países a utilizar el término, pero que en todos los casos resulta evidente su carácter anecdótico. Sin embargo, cuando se usa el término “pirata” o “piratería” por parte de un medio de comunicación, no se suele hacer para referirse a estos partidos ni a una actitud determinada, sino con la connotación negativa de quien roba, de quien se apodera de lo que no es suyo. Algo, por tanto, radicalmente falso, incorrecto y contra lo que hay que luchar: ninguna persona que se descarga un archivo de Internet roba nada, nada desaparece de su lugar, ni perturba en modo alguno el uso que su propietario pueda hacer de ello. Nadie se atribuye la autoría ni comercia con el bien objeto de copia. No existe, por tanto, piratería alguna. Esto lleva a que cuando alguien utilice el término en una conversación, se le deba contestar con mirada de extrañeza intentando entender qué le lleva, en medio de una conversación sobre Internet, a referirse a las actividades de los saqueadores de barcos en las costas de Somalia o en el Índico: algo completamente fuera de contexto e injustificado.

La tercera batalla dialéctica, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pretende identificar de manera burda la descarga de materiales por la red, que llevan a cabo particulares completamente al margen de todo ánimo de lucro y cuya legalidad ha sido sancionada por numerosos jueces, con la venta callejera de copias ilegales de CDs, una actividad empresarial mafiosa que se aprovecha de la propiedad intelectual de terceros y de la explotación de inmigrantes en condiciones laborales injustificables para obtener un beneficio. Nada, absolutamente nada que ver: cualquier identificación torticera de este tipo debería recibir críticas por falta de rigor.

Debemos exigir a medios y comunicadores máxima seriedad en este tema. Tolerancia cero. No se pueden aplicar calificativos erróneos de manera persistente, y menos cuando éstos resultan insultantes para una parte significativa de su audiencia y de la ciudadanía en general. No se puede tolerar que ayer por la noche, Matías Prats se refiriese al Piratpartiet sueco, que podría estar al borde de conseguir su segundo escaño en el Parlamento Europeo, como “un partido que aboga por las descargas ilegales de Internet”. Si Matías Prats está desinformado, que se informe, que en ello le va el desempeño de sus responsabilidades como comunicador. Y si por el contrario, no se trata de desinformación, sino de que tiene algún otro tipo de agenda oculta, que la revele, para saber a qué atenernos y a qué sitio no debemos acudir si queremos recibir información sin ser insultados.

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manipulando¿Recordáis aquel culebrón periodístico de las pasadas vacaciones de Semana Santa, cuando en todos los periódicos y telediarios nos asaltaron con aquello de “la primera condena en España por descargas P2P“, de cuya evidente falsedad y manipulación ya hablamos en su momento? Efectivamente, ni era un tema de actualidad (había ocurrido hacía cinco meses cuando se dio la noticia), ni era una condena como tal, sino un caso de amenazas y matonismo judicial (tú te declaras culpable de algo que ni siquiera es delito, y nosotros no proseguimos por la vía civil), pero gracias a la desinformación y a la deliberada confusión de términos consiguió que media España, sobre todo la más desinformada, pensase por un momento que descargar algo de Internet era un delito execrable.

Pues bien, ahora comparemos: hace una semana, el Juzgado de lo Penal 4 de Pamplona absolvió a Javier M.B. del delito contra la propiedad intelectual del que fue acusado por haberse descargado de Internet 3.322 películas y un número indeterminado de piezas musicales: al no haber ánimo de lucro, simplemente no hay delito. La semana pasada, el Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid ha sobreseído y archivado el caso contra CVCDGO, una página de enlaces, aquella con la que nada menos que en Agosto de 2005 (de nuevo, aprovechando la escasez noticiosa de las vacaciones) se dedicaron a castigarnos mediáticamente con imágenes de terroríficas redadas y afirmando que los responsables de la página web en cuestión eran culpables hasta de la caída del imperio romano (impresionante la nota de la policía). Pues mira, va a ser que no. Era, simplemente y como en tantas otras ocasiones, una interesada manipulación informativa. Ni redada, ni delitos, ni temibles delincuentes, ni nada de nada. Pura, simple y torticera manipulación. ¿Dónde están ahora los titulares mediáticos haciéndose eco de estas absoluciones? ¿Dónde las declaraciones de los implicados, de los abogados, de los expertos, las conclusiones reales del tema? ¿Dónde están ahora los medios? ¿Telediarios? ¿Prensa? ¿Alguien?

¿Conclusión? El ordenamiento jurídico español es claro al respecto, y a pesar de las fortísimas presiones de los lobbies de la propiedad intelectual para cambiarlo, no existe delito en el intercambio sin ánimo de lucro de obras a través de la red. Como no existe delito en grabar una película de la tele en tu vídeo doméstico. Que no, que no se puede pretender criminalizar una conducta común en toda la población, ni difundir el bulo de que “en España es mucho peor”, ni intentar parar lo que es completa y absolutamente imparable porque es fruto de la evolución de la tecnología. La conclusión es clara: de estos temas, no te creas NADA de lo que veas en los medios: entre lo que cuentan mal y lo que dejan de contar, la imagen que obtendrías estaría alejadísima de la realidad.

 

sarkozyResulta verdaderamente curioso analizar el parco comunicado del Elíseo en relación al rechazo en el Parlamento de la Ley Hadopi, conocida como “three strikes”, que amenaza con condenar al ostracismo digital a aquellos internautas que sean encontrados descargando materiales sujetos a derechos de autor y que, para más gracia, tendrían que seguir pagando religiosamente entre dos meses y un año la conexión que ya no disfrutan.

El presidente Sarkozy “reafirma su compromiso con los derechos de los creadores y su voluntad de ver aplicada lo más rápidamente posible la ley Creación e Internet”. Traduciendo: que el Parlamento la haya rechazado le trae completamente al fresco. ¿Democracia? ¿Qué es eso? ¿Que es un no en el Parlamento sino un pequeño contratiempo? ¿Qué más da la voluntad popular expresada en la Cámara, cuando se puede hacer trampa esperando a que haya únicamente dieciséis diputados de un total de quinientos setenta y siete para que salga el resultado deseado? Esta curiosa reinterpretación de la democracia, cada día más habitual en regímenes populistas, permite supuestamente a quien está en el poder hacer caso omiso de la voluntad expresada por el pueblo y sus representantes, mediante el recurso al agotamiento: la presentamos diez veces, y en alguna de ellas, coincidirá que la matemática parlamentaria hará que salga la bola blanca. Ninguna mención hace Nicolás Sarkozy al hecho de que algunos diputados de su propio grupo votaron en contra de la ley, o a la carta abierta publicada hoy en Libération por una larga lista de artistas en contra de la ley en cuestión. ¿Para qué? Resulta evidente nada más verlo que ante la megalómana mentalidad del presidente francés, todos los que no piensan como él, están completamente equivocados.

Continúa el presidente Sarkozy diciendo que “la ley es fruto de un acuerdo alcanzado entre artistas, productores y empresas de telecomunicación”… Curioso, ¿no? ¿No falta nadie en esa lista? ¿Desde cuando un acuerdo alcanzado entre tres grupos económicos debe ir a misa independientemente de la voluntad popular? ¿No debería tener en cuenta la opinión de los usuarios, de los ciudadanos, de los que se supone que con su voto han llevado – desgraciadamente – al señor Sarkozy a ser presidente de la República Francesa? Como en tiempos pretéritos, hemos llegado a la máxima del despotismo ilustrado: “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”.

Pero el tercer párrafo tampoco tiene desperdicio: el presidente se refiere a la negativa parlamentaria como a “ridículas maniobras que tienen el único efecto de socavar la diversidad de la creación”. La elección de las palabras vuelven a dejar claro el “impresionante respeto” a la Cámara y a la democracia del presidente del país vecino, además de la incoherencia de pretender defender “la diversidad de la creación” consiguiendo que sean unos pocos, los mismos de siempre, los que puedan crear.

El intento de aplicar leyes producidas artificialmente hace cien años para proteger a la industria de los copistas a un entorno como el actual en el que el valor de una copia es igual a cero produce cada día incoherencias más sonadas. Mientras en España el partido en el gobierno, supuestamente de izquierdas, utiliza a los artistas con fines electorales y defiende después sus intereses llegando incluso a designar a una ministra escogida de entre sus filas más radicales, en Francia son precisamente los diputados de izquierdas los que se oponen a una ley impulsada por un gobierno de derechas. En realidad, todo da igual cuando se trata de defender un único concepto, en el que coinciden la industria y los políticos: el de CONTROL. Como de manera tan elocuente demuestra Nicolás Sarkozy en su parco comunicado, eso de la democracia es un concepto cada día menos importante…