junio 2009


human-rightsLa reciente respuesta del Tribunal Constitucional francés al intento de Nicolas Sarkozy de proteger el modelo de negocio de sus amigos a cambio de vulnerar los derechos fundamentales de todo el mundo está teniendo ya sus primeras consecuencias, y éstas no son nada con respecto a las que puede llegar a tener. La decisión del alto tribunal francés, pese a ser de ámbito exclusivamente aplicable en el país vecino, hace referencia ni más ni menos que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preámbulo de la Constitución Francesa, pero aceptada, como su nombre indica, de manera universal por todos los países supuestamente civilizados.

La primera decisión que en nuestro país se ha visto claramente influenciada por la negativa francesa a la ley HADOPI ha sido la tomada por Redtel, el consorcio formado por Telefonica, Vodafone, Ono y Orange, que ha afirmado que “no volverá a negociar con la industria cultural un plan anti descargas” y que también se niega a “aplicar medidas tecnológicas como la reducción de velocidad”. Una decisión que supone un vuelco importante para esa Coalición de Intermediarios Neoluditas que se creen Creadores, identificados ya con quienes están dispuestos a pasar por encima de los derechos humanos más básicos para defender su fuente de negocio, y para un Francisco Ros cada día más desacreditado como interlocutor por su patente parcialidad, supeditación a intereses corporativos, y desconexión total de la realidad de los usuarios de Internet: el mismo Francisco Ros que en su momento llegó nada menos que a amenazar con retirar una ley en medio de su tramitación si se introducían en ella provisiones para salvaguardar la neutralidad de la red, y que ahora intentaba abocar a la industria de los contenidos a una negociación con las operadoras en contra de los intereses de los usuarios. No, Señor Ros… los usuarios no somos el último de los intereses a salvaguardar. Somos – o cuando menos, deberíamos ser – el primero de todos ellos, porque se supone que somos quienes decidimos quién y con qué agenda se van a regir nuestros destinos. Hay que ver cómo son las cosas: un día se encuentra usted defendiendo a muerte el negocio de las operadoras como si fuesen éstas quienes siguiesen pagando su sueldo, otro día sostiene a ultranza el a todas luces insostenible modelo de negocio de la industria de los contenidos… y al tercero, de repente, está usted frontalmente en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como si fuese un dictadorzuelo cualquiera en una triste república bananera. Las vueltas que da la vida…

El otro asunto que sin duda traerá mucha cola en el futuro es la constatación de que el libre acceso a los servicios públicos de comunicación en la red es un derecho fundamental expresado en la Declaración de los Derechos Humanos. Nada que el tiempo y  el imparable avance de la tecnología no nos fuese a traer – cada día, a medida que más y más servicios de todo tipo se despliegan en la red, resulta más obvio e inevitable que restringir el acceso de la población a la red resulta una discriminación insostenible – pero sin duda algo que viene muy bien tener puesto por escrito. Y algo que, además, tendrá gran influencia a la hora de definir lo que son servicios que deben ser ofrecidos de manera universal a la población, en un momento, el de la próxima disponibilidad de determinadas bandas del espectro radioeléctrico merced al apagón analógico, en que habrá que tomar decisiones sobre quién y de qué manera va a gestionar los servicios que ahí se ofrezcan.

No, no será éste el último intento por recortar nuestras libertades más básicas en Internet. Pero al menos, tras la sentencia del Tribunal Constitucional francés, sabremos que quien lo intente, se estará poniendo en contra de la mismísima Declaración Universal de los Derechos Humanos. Que no está nada mal.

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El transcurrir del tiempo es distinto en Internet. Los golpes de click imponen un ritmo rápido al usuario, que pasa de una web a otra, de un blog a otro, de un mensaje instantáneo a otro. Se pierde la noción del tiempo real. Pero ya ha pasado más de un mes del famoso BanDay. Y tal vez sea hora de hacer algo que raramente se hace en Internet: reflexionar pausadamente, después de cierto tiempo, sobre lo que ocurrió en el pasado.
Aquel día, corrieron rios de píxeles de un lado a otro de la blogosfera: un usuario conocido como “me meneo pensando en ti”, desafía a Galli, y como se narra en el blog enlazado, invita a darse de baja a todos los usuarios que como él, estén descontentos con la política de moderación y karma de la web. La noticia llega a ser la más meneada de la historia hasta ese momento, y se crea cierto revuelo. Se habla de revolución en Menéame, Galli, como siempre ejerce de dictadorzuelo de su antro, e incluso amenaza con ridículas acciones legales. Se apuntan alternativas a Menéame, como apezz.com, se dice que Menéame nunca volverá a ser lo mismo, que las consecuencias de la revuelta serán graves, y que Menéame perderá usuarios que contribuían mucho a la comunidad. Los cancamuseros amiguitos de Galli (Enrique Dans, Julio Alonso, Martin Varsavsky…) salen a su defensa…aquí no ha pasado nada.
¿Es cierto eso? ¿No pasó nada? ¿Pasó algo? Como siempre, depende de como se mire. Sin duda, Menéame perdió muchos usuarios que participaban mucho, hartos de ver como tres geeks-frikis como el de la imagen de arriba campaban a sus anchas baneando y repartiendo karma como se les antojaba, con el beneplácito de Galli. ¿Importa eso para la marcha de una web como Menémane? Lo dudo mucho. La propia dinámica de la red (que todavía está expandiéndose, con el acceso a Internet de muchos usuarios) hace que los que se van, sean sustituidos por otros, que descubren la web, y que ni siquiera habrán oído hablar del BanDay ni de Galli en su vida. Los sitios en Internet tienen una memoria de pez, y lo que pasó hace un mes, ya casi no existe. A menos que se recuerde periódicamente, claro. Así que el tráfico que pudo perder Menéame debido a ese incidente, es más que probable que fuera mínimo. Y por otro lado, será imposible cuantificar cuantos usuarios perdió Galli a consecuencia de todo aquello.
Con lo cual podemos concluir que, tal vez tenían más razón los que dijeron que no pasó nada (nada significativo, se entiende) que los que anunciaron la caída de Menéame. Una web así, en mi opinión, caerá cuando los propios usuarios se cansen de trabajar gratis para Galli, se den cuenta de que no aporta nada que cuatro pardillos califiquen una noticia como más interesante que otra y cuando pase la moda de los “agregadores de noticias” que serán sustituidos por algo parecido pero con distinto nombre.
El error de los usuarios que protagonizaron la revuelta no fue otro que pensar que porque tenían la razón de su parte, se llevarían el gato al agua. Pero desafortunadamente, eso no siempre funciona, y máxime cuando se enfrentaban a toda una horda de cancamuseros,  que saben que tienen como única arma para sobrevivir la manipulación, guardar las apariencias, perseverar en sus mentiras y lanzar cortinas de humo cuando se les descubre. Son perfectamente conscientes de que sus argumentos no convencen ni a un niño de cinco años, y por eso tienen que dar la impresión de seguridad, y repetir una y cien veces sus mantras hasta que un número suficiente de tontos quede convencido. Porque también saben, que si se descubre la verdad, esa verdad que este conjunto de usuarios puso sobre la mesa, perderán todo, y no podrán recuperarlo nunca.
Y se vive muy bien sin dar golpe, mientras te regalan Blackberrys y te invitan a cócteles.

Pero claro, todo eso lo decimos porque somos unos envidiosos hijos de puta con mucho tiempo libre. Ver para creer. 

 

sarkozy-upsetEl Tribunal Constitucional francés censura la Ley HADOPI de Nicolas Sarkozy por considerarla contraria a los derechos humanos. Las crónicas en francés que más me han gustado han sido las de Le Monde y Le Figaro, y en español la he visto por el momento en Público, pero estará en seguida en todas partes.

Una demostración de sentido común por parte del país vecino, que relega a la ley a una función de aviso, pero le retira toda capacidad sancionadora: todo castigo deberá venir determinado, como debe ser, por la decisión de un juez. El Tribunal Constitucional del país vecino recurre a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, para hacer notar, como hemos insistido en numerosas ocasiones, que las libertades de expresión y comunicación deben prevalecer, dado su carácter de derechos fundamentales. Igualmente, declara anticonstitucional la reversión de la carga de la prueba con esa “presunción de culpabilidad” que la Ley HADOPI atribuía a los ciudadanos, con un rotundo “en el derecho francés prevalece la presunción de inocencia” y, en algo que puede constituirse en un hito importantísimo, considera Internet “un derecho fundamental” y “un componente de la libertad de expresión y el consumo”.

La declaración de inconstitucionalidad de la Ley HADOPI supone un fortísimo varapalo para Nicolas Sarkozy, completamente empecinado en sacarla adelante hasta el punto de vincularse personalmente a ello, y representa un fantástico triunfo para las libertades en todo el mundo. En muchos sentidos, acabamos de asistir a la conjura de un auténtico liberticidio.

matias_pratsEs decididamente una batalla en la que los grupos de presión llevan una gran ventaja a la ciudadanía: la de la dialéctica. Apoyándose en un persistente y feroz aleccionamiento a medios y comunicadores, los lobbiesde la propiedad intelectual han conseguido que toda referencia que se haga a cualquier tema relacionado con sus intereses se haga constantemente usando los mismos términos. Enciende la televisión, hojea un periódico, escucha la radio y lo comprobarás: cada vez que aparece la palabra “descargas”, lo hace acompañado del calificativo “ilegales”. Cada vez que se refieren a alguien que descarga un contenido, sea el que sea, el adjetivo utilizado es “pirata”. Cada vez que se menciona el fenómeno del P2P, la palabra escogida es “piratería”. Así, insistentemente, de una manera tan obsesiva que se diría que les pagan por cada vez que uno de estos términos son mencionados en papel o en antena. Y como consecuencia de semejante gota a gota, se consigue que la percepción penetre en la sociedad, que se establezca como “lugar común”, y te puedes encontrar incluso a personas perfectamente cultas, conocedoras de la legislación y del funcionamiento de la red que, lentamente, van adoptando estos erróneos calificativos y los utilizan en sus conversaciones habituales. Fatal error. La batalla de la dialéctica es crucial en las percepciones, y no podemos transigir ni mínimamente en este sentido.

El problema fundamental de esta dialéctica es, pura y simplemente, que es falsa. El uso del adjetivo “ilegal” para referirse a las descargas de material de Internet es totalmente incorrecto, como bien demuestra el aluvión de sentencias de jueces españoles que han declarado que no existía delito alguno en tales actividades. Cada vez que escuchamos “descargas ilegales”, por tanto, nuestra reacción debería ser la de torcer el gesto y preguntar “¿a qué te refieres con eso?”, dado que está sobradamente probado que no existe nada de ilegal en descargarte de Internet lo que buenamente quieras.

El calificativo “piratas” merece una consideración aparte: por un lado, el movimiento revisionista de los derechos de autor utiliza la estética pirata, rodeada de un romanticismo y una épica particulares, para crear una conciencia de grupo, una identidad común. Se trata de una identificación obviamente ficticia e hiperbólica que ha llevado, por ejemplo, al Piratpartietsueco y a sus homólogos en otros países a utilizar el término, pero que en todos los casos resulta evidente su carácter anecdótico. Sin embargo, cuando se usa el término “pirata” o “piratería” por parte de un medio de comunicación, no se suele hacer para referirse a estos partidos ni a una actitud determinada, sino con la connotación negativa de quien roba, de quien se apodera de lo que no es suyo. Algo, por tanto, radicalmente falso, incorrecto y contra lo que hay que luchar: ninguna persona que se descarga un archivo de Internet roba nada, nada desaparece de su lugar, ni perturba en modo alguno el uso que su propietario pueda hacer de ello. Nadie se atribuye la autoría ni comercia con el bien objeto de copia. No existe, por tanto, piratería alguna. Esto lleva a que cuando alguien utilice el término en una conversación, se le deba contestar con mirada de extrañeza intentando entender qué le lleva, en medio de una conversación sobre Internet, a referirse a las actividades de los saqueadores de barcos en las costas de Somalia o en el Índico: algo completamente fuera de contexto e injustificado.

La tercera batalla dialéctica, de la que ya hemos hablado en otras ocasiones, pretende identificar de manera burda la descarga de materiales por la red, que llevan a cabo particulares completamente al margen de todo ánimo de lucro y cuya legalidad ha sido sancionada por numerosos jueces, con la venta callejera de copias ilegales de CDs, una actividad empresarial mafiosa que se aprovecha de la propiedad intelectual de terceros y de la explotación de inmigrantes en condiciones laborales injustificables para obtener un beneficio. Nada, absolutamente nada que ver: cualquier identificación torticera de este tipo debería recibir críticas por falta de rigor.

Debemos exigir a medios y comunicadores máxima seriedad en este tema. Tolerancia cero. No se pueden aplicar calificativos erróneos de manera persistente, y menos cuando éstos resultan insultantes para una parte significativa de su audiencia y de la ciudadanía en general. No se puede tolerar que ayer por la noche, Matías Prats se refiriese al Piratpartiet sueco, que podría estar al borde de conseguir su segundo escaño en el Parlamento Europeo, como “un partido que aboga por las descargas ilegales de Internet”. Si Matías Prats está desinformado, que se informe, que en ello le va el desempeño de sus responsabilidades como comunicador. Y si por el contrario, no se trata de desinformación, sino de que tiene algún otro tipo de agenda oculta, que la revele, para saber a qué atenernos y a qué sitio no debemos acudir si queremos recibir información sin ser insultados.

Gates en MoncloaEs un tema que lleva dando vueltas desde el pasado 26 de Mayo, cuando Bill Gates visitó el Palacio de La Moncloa para, oficialmente, pedir el apoyo del presidente en la lucha contra la malaria y, extraoficialmente, para impulsar que los portátiles que el presidente piensa repartir entre los estudiantes de 5º de Primaria vayan equipados con Windows como sistema operativo. El detalle de los temas tratados no es especulación: algunas filtraciones comentan cómo el presidente del gobierno español estuvo comentando con Bill cómo “en casa, mis hijas utilizan Windows, aunque hacen muchas cosas de las que yo no me entero”, confirmando su muchas veces comentado analfabetismo tecnológico.

Los hechos fueron los siguientes: en la conferencia de prensa posterior a la reunión, Bill Gates quiso apoyar la idea de repartir portátiles a los estudiantes haciendo referencia a “un experimento que se llevó a cabo en una región de España”. Ese comentario fue interpretado por el periodista de RTVE como una referencia a Extremadura, la Comunidad Autónoma sin duda más destacada en la integración de tecnología y educación, y también por Castilla-La Mancha en su página web. La referencia a Extremadura apareció inmediatamente en la página web de la noticia en RTVE.es y fue mencionada en el Telediario, lo que desencadenó todo un aluvión de reacciones: ¿el ex-presidente de Microsoft, y uno de sus mayores accionistas, ensalzando las virtudes de un despliegue tecnológico regional basado íntegramente en Linux y tecnologías abiertas? Sin duda, la cuestión tenía su chicha periodística, y como tal apareció reflejado en muchos sitios. Y por supuesto, hizo saltar automáticamente todas las alarmas en el departamento de Prensa de Microsoft: en tan solo unas horas, dicho departamento había “convencido” a RTVE de su error: la inicial referencia a Extremadura (no tengo la captura de pantalla, pero la vi con estos ojitos, y agradeceré si alguien me la envía) desapareció rápidamente y fue sustituida por lo que Gates, en caso de no haberse olvidado del nombre de la región española, habría dicho: Aragón. Pongamos las cosas claras: en realidad, la referencia que Gates quiso hacer fue a esta experiencia que un grupo de escolares le presentó el 23 de Enero de 2008, financiada por la propia Microsoft y por otra serie de empresas en colaboración con el gobierno de Aragón. Pero en el momento de hacerla, olvidó el nombre de la Comunidad Autónoma, y simplemente lo dejó en “una región de España”.

Para liar las cosas todavía más, el presidente del gobierno español, en plena dinámica de campaña electoral, llega a un mitin en Badajoz, y afirma que Bill Gates le dijo que “había una región en España que destacaba en el liderazgo mundial por la extensión de las nuevas tecnologías y el software libre, y esa región es Extremadura”. En realidad, las declaraciones se deben únicamente al “calentamiento de boca” derivado de la campaña electoral, al hecho de estar en Extremadura y al desconocimiento supino del presidente acerca de todo lo relacionado con la tecnología, pero el desconcierto en Microsoft a esas alturas era ya total: ¿cómo puede seriamente el presidente del gobierno decir en público que el mayor accionista de la compañía ha afirmado que la experiencia de Extremadura, basada íntegramente en software libre, representa un liderazgo mundial? Las reacciones en ese momento en La Finca debieron ser como las de la famosa escena de “elegí mal día para dejar de fumar” de”Aterriza como puedas“: a esas alturas, el asunto para ellos ya no tenía ni pies, ni cabeza. Y la comunicación confusa al respecto, por supuesto, afectaba potencialmente a decisiones de adopción de gobiernos de otros territorios, incluido todo un mercado latinoamericano en busca de referencias al respecto.

Pero más allá de la batalla comunicativa, de los lapsus de memoria de Gates y de la patente ineptitud tecnológica de Zapatero… ¿de qué estamos hablando? En realidad, hablamos de dos experiencias, la de Aragón y la de Extremadura, completamente incomparables entre sí. La de Aragón, aunque indudablemente interesante, no deja de ser el pet project del que gusta presumir a una política, Eva Almunia: en realidad, el proyecto no es escalable en absoluto, depende enormemente del apoyo de las empresas y de donaciones de hardware y software para poder desarrollarse, y además refuerza la fortísima dependencia tecnológica de los escolares de la tecnología de una única empresa. La diversidad tecnológica es nula. Para un escolar aragonés sometido al programa, la tecnología se reduce a un Tablet y a Microsoft: lo que no es de esa empresa, no existe. Una dependencia tecnológica brutal, sin duda lo mejor para los intereses de Microsoft como compañía, pero que muy pocos dirían que redunda en el mejor provecho de los estudiantes sometidos a dicho entorno. Mientras la extensión del programa “Pizarra Digital” abarca un total de 12.500 ordenadores, menos de un 10% de los escolares de la Comunidad Autónoma, el programa extremeño cuenta con 70.000 ordenadores: uno por cada dos alumnos en los institutos, uno para seis en los colegios y uno para cada profesor. El 99% usa exclusivamente programas de código abierto. En Extremadura hay un programa serio, con la escala adecuada, y un rodaje que proviene ya del año 2002 y que ha corregido ya muchos de los errores habituales en este tipo de desarrollos. En Aragón, con todos los respetos, tenemos algo que parece muy bonito, pero que resulta imposible escalar a toda su Comunidad, y que no sería en modo alguno posible plantear a una escala mayor. Y que incluso en el caso de ser posible, sería poco recomendable por su nula diversidad.

Siendo serios, resulta imposible pensar que Bill Gates, ex-presidente y accionista de referencia de Microsoft, se refiriese en su conversación a Extremadura en lugar de hacerlo a Aragón. Pero con la misma seriedad, los programas de tecnología para la educacion de Aragón y Extremadura no son en absoluto comparables: mientras uno no pasa de ser una interesante anécdota, el otro es un programa hecho y derecho, escalable, que abarca a toda la población escolarizada, y que no somete a los alumnos a la esclavitud de aprender únicamente con la tecnología de una empresa. Pongamos las cosas en su sitio.

La AEDE, Asociación de Editores de Diarios Españoles, lanza la enésima fase de su campaña de intimidación afirmando que va a llevar a los tribunales a todos aquellos que se atrevan a utilizar sus contenidos en Internet, cargando especialmente las tintas en el caso de servicios comoGoogle News, un tema del que ya hemos hablado en alguna otra ocasión.

En el fondo, lo que quiere AEDE no es llevar a nadie a los tribunales – de querer hacerlo, ya lo habría hecho hace mucho tiempo – sino obtener un acuerdo con contraprestación económica cifrado aproximadamente en medio millón de euros anuales con efecto retroactivo desde el inicio del servicio, por lo que según ellos constituye una “utilización de su propiedad intelectual”. Pero veamos, según las mentes pensantes de AEDE, qué es eso que Google News hace y que, según ellos, constituye una utilización de su propiedad intelectual que debe, por tanto, pasar por caja. Echemos un vistazo a Google News, y maravillémonos de la lógica mental de AEDE y de su comprensión de lo que es la red:

En primer lugar, Google News es un servicio de adscripción voluntaria. Si un diario considera que, por las razones que sea, no quiere estar en él, no tiene más que pedirlo, y será eliminado con prontitud. De hecho, no tiene ni que pedir su exclusión: puede sencillamente dar el paso unilateral de incorporar a sus páginas atributos como NO INDEX, NO ARCHIVE o NO SNIPPET, que inmediatamente evitarían su uso por parte de este tipo de servicios. Obviamente, no lo hacen. Y no lo hacen porque, aunque protesten, les encanta el flujo de tráfico que proviene de allí hacia sus noticias. Es más, a los editores de las versiones online de los mismos diarios que tanto amenazan con la acción judicial se les ponen los pelos tiesos solo de pensarlo. En segundo lugar, Google News es un servicio que reproduce únicamente el titular y la primera frase (snippet) de cada artículo reflejado, que aparece en todos los casos acompañado por un vínculo al original en el medio correspondiente. No “se apropia” de la propiedad intelectual de nadie, sino que la referencia, con la adecuada indicación de su procedencia y un vínculo a la misma.

¿Qué es lo que pretenden, por tanto, los editores de periódicos? Lisa y llanamente, que Google News les pague por vincularlos. En su ceguera, creen que su contenido es tan central en Internet, que nada podría existir sin ello, y que por tanto todos debemos pagarles por referenciarlo. Interesadamente confunden la reproducción del contenido con la referencia al mismo a través de un vínculo. Y lo de Google News, por supuesto, es únicamente el primer paso: en realidad, la demanda no va contra Google News, sino contra todos los que en muchas ocasiones hacemos lo mismo: comentar y vincular sus contenidos. Según la torpe mentalidad de AEDE, un vínculo no es una bendición, sino alguien que se aprovecha de sus contenidos. Para ellos, vincular no debería ser libre, habría que pedir permiso, y por supuesto, depositar el importe correspondiente. Pero tienen un problema: Internet no funciona así. Ante tal evidencia, el recurso de AEDE es utilizar su maquinaria propagandística para intentar amedrentar con la amenaza de un proceso judicial aireado en todos los medios, como si eso fuese a ayudarles a crear un estado de opinión favorable a sus posiciones.

Bajo ningún concepto debería Google ceder a la presión de la AEDE. No hay ninguna posibilidad de negociación, porque no se trata de un tema de negociación, sino de concepto. Si los medios de AEDE no quieren estar en Google News, que se den de baja. Si quieren estar y recibir visitas desde allí, que estén. Pero que no me vengan con estupideces de que Google, por el hecho de apuntar con vínculos hacia “sus” noticias (que en muchos casos, además, provienen de notas de agencias), debe pagarles. Porque si Google cediese, los siguientes somos todos los que vinculamos hacia esos medios y los utilizamos como una fuente más, como siempre se ha utilizado la información en Internet. La (supuesta) demanda con la que tanto amenaza AEDE no es contra Google, sino contra los principios más básicos del uso de Internet. Contra el derecho a vincular, contra la posibilidad de lanzar un enlace al contenido que a uno le venga en gana. Es una amenaza contra todos. Solo pensar cómo pasaría a ser la red si un juez diese la razón a semejante demanda hace que a cualquier usuario de la red le entren sudores fríos: una red en la que el mismísimo acto de vincular ya no es libre, sino que debe hacerse mediando un permiso y un acuerdo económico por el uso de la propiedad intelectual del vinculado. Una cosa así, que jamás se le ocurriría a alguien que mínimamente conociese el funcionamiento de la red, no es una pretensión: es directamente una majadería.

“If you try speed humps or disconnections for peer-to-peer, people will simply either disguise their traffic or share the content another way. It is a game of Tom and Jerry and you will never catch the mouse. The mouse always wins in this battle and we need to be careful that politicians do not get talked into putting legislation in place that, in the end, ends up looking stupid”

“Si intentas imponer limitaciones o desconexiones para el P2P, la gente simplemente ocultará su tráfico o compartirá los contenidos de otras maneras. Es un juego de Tom y Jerry, y nunca conseguirás coger al ratón. El ratón siempre gana en esta batalla, y tenemos que tener cuidado para que los políticos no sean influenciados para aprobar leyes que, al final, siempre acaban pareciendo estúpidas”

(vía Slashdot).

Lo dice Charles Dunstone, el CEO de Carphone Warehouse, en reacción a las recientes medidas del gobierno británico optando por reducciones en la velocidad en lugar de la desconexión de quienes utilicen redes P2P. Una medida que se está hablando también en España a instancias de esa Coalición de Intermediarios Neoluditas que se creen Creadores, y que vuelve a demostrar su escaso o nulo conocimiento del entorno de la red (no hay más que observar su nula presencia en la misma, o la “página web” de su presidente, Aldo Olcese).

Pero en España, no solo los neoluditas culturales resultan peligrosos. Lo que verdaderamente llama la atención en España es la presencia de una entidad como Redtel, que supuestamente representa los intereses de Telefonica, Orange, Vodafone y Ono (apunta estos nombres por lo que pueda venir), y que en lugar de actuar como Charles Dunstone y su ISP, TalkTalk, o al menos como esos ISP norteamericanos que deciden mantenerse al margen de propuestas similares de la RIAA, se dediquen a coquetear con los neoluditas en negociaciones que van claramente en contra de los intereses de sus clientes. Clientes que, cuando vean venir medidas como las que se anuncian, no olvidarán quién estuvo ahí.

Las “reducciones de velocidad” no son una solución mejor, ni menos mala. Si un ISP quiere libremente ofrecer una tarifa con límite de descarga total que a partir de una cantidad de información descargada por el usuario rebaje su velocidad, que lo haga, y que el mercado decida sobre su oferta en libre competencia con otros. Pero que sea a partir de los bits totales descargados, no en función de si se utiliza un protocolo u otro. Porque para saber si se utiliza un protocolo u otro tienes que espiar al cliente, vulnerar la neutralidad de la red y convertir Internet en algo diferente a lo que Internet es. Si admitimos la rebaja de velocidad en función del protocolo utilizado o de la naturaleza de lo descargado, lo que venga después será mucho peor.

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