Aparecen en la prensa de hoy algunos artículos (El País, El Mundo) al hilo del llamado “Informe 301“, un documento que la administración de los Estados Unidos publica todos los años acerca de las condiciones de protección de la propiedad intelectual en los países con los que lleva a cabo intercambios comerciales. Este año, la lista ha sido noticia por incorporar a uno de los más importantes socios comerciales de los Estados Unidos, su vecino del norte, Canadá, en la lista de máxima prioridad. Concretamente, los países incluidos en ese primer nivel de vigilancia o priority watch list son una docena: Argelia, Argentina, Canadá, Chile, China, India, Indonesia, Israel, Pakistán, Rusia, Tailandia y Venezuela. En un segundo nivel, o lower-level watch list,  se sitúan nada menos que treinta y tres países: Arabia Saudí, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Brunei, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egipto, España, Filipinas, Finlandia, Grecia, Guatemala, Hungría, Italia, Jamaica, Kuwait, Líbano, Malasia, México, Noruega, Perú, Polonia, República Checa, República Dominicana, Rumanía, Tajikistán, Turquía, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Vietnam.

La publicación del informe es uno de los métodos utilizados por la administración norteamericana con el fin de hacer presión en su cruzada por lo que denominan “la protección de los intereses de la propiedad intelectual norteamericana en el mundo”: no hablamos ya de proteger la cultura, ni a los autores, ni ningún otro tipo de fin romántico. Hablamos de los intereses comerciales de los Estados Unidos y de la protección de una parte enormemente significativa de su balanza de exportaciones. La publicación de la lista, con claro carácter intimidatorio, se encuadra en los mismos términos que la próxima visita del vicepresidente Joe Biden a Europa, momento que determina la agenda del gobierno español para llevar a cabo gestos que contenten al “amigo americano”.

Nunca he sido antiamericano. Es un país en el que he vivido y estudiado, y que admiro en una amplia variedad de temas. De hecho, puedo entender perfectamente una actitud como la que muestran en términos de protección de la propiedad intelectual, porque no es ni más ni menos que una defensa de una industria estratégica en la que son claramente líderes mundiales. Pero en lugar de tomar una actitud servil o seguidista en este sentido, creo que es preciso tener un poco de orgullo nacional y de criterio propio. Primero, porque aunque cada país es muy dueño de presionar con lo que quiera, la presión que ejerce una lista como el Report 301 dista mucho de ser la que se está queriendo transmitir en los medios españoles: no es “una reprimenda”, ni una “lista negra”: de 203 países existentes en el mundo, esta es una lista que incluye a más del 20% de ellos, ni más ni menos que alrededor de la mitad de las personas del planeta. Y en la cual España no aparece en la “lista de máxima prioridad”, sino en un segundo grupo denominado como “de bajo nivel”. Pongamos las cosas en su sitio: ¿amenazas? ¿Sanciones comerciales? Cuando vea a Estados Unidos, en su situación de déficit actual de más de diez trillones de dólares, sancionar a Canadá, que está en la parte alta de la lista, o a China, con quien mantiene un importantísimo balance comercial, puede que empiece a creerme algún tipo de amenaza. Pero de entrada, figurar en el Report 301 me impresiona entre poco y nada. Que venga Joe Biden me impresiona menos todavía, y desde luego, no me provoca temblores de ningún tipo: no viene a España “alarmado por la piratería rampante”, sino como visita en el contexto de un amplio circuito europeo.

¿Es peligroso llevar la contraria a Estados Unidos en temas de propiedad intelectual? No solo no es peligroso, sino que empieza a ser hasta recomendable. En el fondo, todos sabemos y entendemos que la propiedad intelectual tal y como está definida no es ya un concepto sostenible: pretender establecer la métrica de las copias vendidas en un mundo en el que la copia carece de valor y puede hacerla cualquiera resulta simplemente absurdo. Lo que no resulta absurdo, en cambio, es que los Estados Unidos encabecen la defensa de un modelo en el que son líderes destacados. No defienden la cultura, defienden su negocio.

¿Qué hay que hacer? Promover una plataforma de países que planteen el revisionismo a la propiedad intelectual. Nadie, en ningún momento, ha planteado que los autores no deban cobrar por su trabajo: lo que se plantea es el uso de métricas absurdas y sin sentido. El Convenio de Berna debe ser replanteado completamente, porque se basa en supuestos que, simplemente, el progreso de la tecnología ha convertido en patéticamente obsoletos. Y como en toda revolución, el modelo que sustituya al anterior no ha sido inventado todavía. Si todos supiésemos cuál es, no sería una revolución.

Entendible es, por tanto, que los Estados Unidos intenten defender su chiringuito. Como entendible debería ser que países como España y muchos otros, en los que la propiedad intelectual mantiene una situación enormemente deficitaria en la balanza comercial con los Estados Unidos, empiecen a sostener al respecto una posición revisionista. Lo que muchos consideran cultura española, además de estar en muchos casos en manos de multinacionales extranjeras, se podría beneficiar enormemente de una postura mucho más abierta en cuanto a la propiedad intelectual: ojalá el problema de la cultura española viniese de la cantidad de veces que es descargada por ciudadanos de otros países. Pero no, el problema es otro, y es el que de verdad no se quiere atajar y el que nos lleva a tener de ministra de cultura nada menos que a quien tristemente tenemos.

Dejémonos de dramas, de reprimendas y de listas negras, y ataquemos el tema por donde se merece: el Report 301 está provocando un intenso malestar y fuertes reacciones en todo el mundo, y es el momento de lanzar iniciativas revisionistas que no se limiten simplemente a mirar al hermano americano y decirle eso de “sí, cariño”. La gran industria de los Estados Unidos está en crisis porque se ha quedado obsoleta, y eso quiere decir, ni más ni menos, que los Estados Unidos tienen un problema. Pero no, España, por mucho que nos guste creernos el ombligo del mundo cuando nos vemos en los periódicos, no ha provocado ese problema ni forma una parte significativa de él. Somos un minúsculo cliente al que quiere seguir vendiendo, sin más. Un cliente que debería tener más interés en revisar los conceptos de propiedad intelectual que en mantenerlos como están. Pongámonos en marcha: hay mucho trabajo que hacer.